El pulso entre Apple y Epic Games por las comisiones de la App Store entra en una fase todavía más delicada. Tras casi cinco años de idas y venidas en los tribunales estadounidenses, la compañía de Cupertino ha decidido dar un nuevo paso y preparar una petición formal al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la orden que la declaró en desacato por aplicar una comisión del 27% sobre pagos realizados fuera de su plataforma.
Lo que empezó como un choque puntual por Fortnite y un sistema de pago directo se ha transformado en un caso de referencia mundial sobre cuánto puede cobrar una gran plataforma por operaciones que se producen fuera de su ecosistema. La respuesta que termine dando la justicia estadounidense puede impactar de lleno en los márgenes de los desarrolladores, en la economía de las suscripciones digitales e incluso en el futuro de los servicios basados en inteligencia artificial.
De Fortnite a la puerta del Supremo: cinco años de conflicto
Para entender cómo se ha llegado a esta situación, hay que remontarse a agosto de 2020, cuando Epic Games decidió incorporar en Fortnite un sistema de pago directo para esquivar la comisión estándar del 30% de la App Store. Apple reaccionó de inmediato retirando el juego de su tienda y Epic respondió con una demanda acusando a la empresa de prácticas monopolísticas.
En septiembre de 2021, un tribunal federal en California dictaminó que Apple no actuaba como un monopolio en sentido estricto, pero sí consideró que debía permitir a los desarrolladores incluir enlaces hacia métodos de pago externos. Es decir, las apps podían dirigir a los usuarios a páginas o sistemas externos para completar la compra, rompiendo en parte el control absoluto de Apple sobre las transacciones.
La compañía apeló esta decisión ante el Noveno Circuito, que en líneas generales confirmó la sentencia y subrayó las sombras competitivas del modelo de la App Store. Apple llevó entonces el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero el alto tribunal rechazó revisarlo en enero de 2024, obligando a la empresa a aplicar las medidas ordenadas.
En paralelo, la batalla se mezclaba con otros frentes. La Ley de Mercados Digitales (DMA) en la Unión Europea, vigente desde marzo de 2024, ya exigía a Apple permitir tiendas de aplicaciones de terceros en el territorio comunitario, abriendo un escenario regulatorio más exigente en Europa que en Estados Unidos.
Tras la negativa del Supremo de 2024, Apple terminó implementando cambios para alinearse con la orden de 2021, pero lo hizo con letra pequeña: permitió los enlaces externos, sí, aunque añadiendo una comisión propia sobre esas operaciones.
La comisión del 27%: cumplir la norma sobre el papel pero no en la práctica
Ante la obligación de abrir la puerta a los pagos externos, Apple introdujo una comisión del 27% sobre las compras que se realizaran a través de esos enlaces alternativos. Sobre el papel, cumplía la sentencia: los desarrolladores podían enlazar hacia otros sistemas de pago. En la práctica, el margen para ofrecer precios más competitivos quedaba prácticamente anulado.
El esquema era sencillo: el desarrollador que quisiera usar un método de pago externo tenía que asumir sus propios costes de procesamiento —habitualmente entre un 2% y un 3% por operación— y, además, abonar a Apple ese 27% por haber canalizado al usuario fuera de la App Store. En muchos casos, el coste total se acercaba o incluso superaba el 30% que se pagaba si se utilizaba directamente el sistema de Apple.
La compañía introdujo también una tarifa reducida del 12% para determinados pequeños negocios a partir del segundo año, pero para Epic Games y otros actores del sector el resultado seguía siendo el mismo: la alternativa a la pasarela de pago nativa de Apple no era económicamente viable, lo que vaciaba de contenido la orden judicial que buscaba precisamente fomentar opciones reales de competencia.
Tim Sweeney, consejero delegado de Epic, ha descrito repetidamente esta maniobra como anticompetitiva, sosteniendo que Apple «controla todos los detalles de estos enlaces» y los mantiene alejados de los puntos donde los usuarios toman la decisión de compra. Spotify se sumó a las críticas calificando el 27% de «exorbitante» en relación con el objetivo de impulsar una mayor competencia en el mercado de aplicaciones.
La tensión no se ha limitado a Estados Unidos. En la Unión Europea, la Comisión Europea llegó a multar a Apple con 500 millones de euros en 2025, señalando que las condiciones asociadas a los enlaces externos y a las comisiones impedían que los desarrolladores ofrecieran alternativas reales y más baratas al usuario final. Ante la amenaza de multas diarias que podían alcanzar los 50 millones de euros, Apple se vio forzada a relajar parte de sus políticas en territorio comunitario, abriendo algo más la mano con los enlaces externos para contentar a Bruselas. La investigación de la Comisión Europea fue clave en este proceso.
El desacato civil y el nuevo viaje al Tribunal Supremo
En Estados Unidos, el diseño de la comisión del 27% acabó chocando de frente con los tribunales. En abril de 2025, un tribunal federal concluyó que Apple había incumplido la orden de 2021 y la declaró en desacato civil, precisamente porque esa comisión «derrotaba en la práctica el propósito» de permitir pagos fuera de la App Store.
La decisión fue revisada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que en diciembre de 2025 confirmó el desacato. Los jueces coincidieron con el criterio de que la estructura de precios diseñada por Apple dejaba sin efecto real la posibilidad de utilizar sistemas de pago alternativos, al mantener prácticamente intacta la carga económica para los desarrolladores.
Apple reaccionó solicitando una revisión en pleno (rehearing) ante el propio Noveno Circuito, una vía excepcional que habría permitido reabrir la discusión con un panel más amplio de magistrados. Sin embargo, en marzo de 2026 la petición fue rechazada, dejando a la compañía sin más opciones dentro de esa instancia.
Ante este panorama, el siguiente movimiento ha sido preparar una nueva petición ante el Tribunal Supremo, orientada a frenar el mandato que la obliga a aplicar cambios profundos en sus políticas de comisiones. En su argumentación, Apple sostiene que la aplicación inmediata de la orden perjudicaría gravemente su modelo de negocio y generaría una situación difícil de revertir si el Supremo acabara dándole la razón más adelante.
Mientras tanto, el caso ha regresado a un tribunal inferior con una tarea nada sencilla: determinar qué nivel de comisión, si es que procede alguno, puede seguir cobrando Apple sobre transacciones que se materializan fuera de la App Store pero que se originan en una app distribuida desde ella. Hasta que haya una respuesta clara, la incertidumbre tanto para la compañía como para los desarrolladores es considerable.
Qué se juega el mercado con la decisión del Supremo
El asunto que podría aterrizar en la agenda del Tribunal Supremo va más allá de la relación concreta entre Apple y Epic Games. La cuestión de fondo es qué porcentaje puede cobrar legítimamente una gran plataforma por una compra que técnicamente se ejecuta fuera de su entorno, pero que se inicia gracias a su infraestructura, su base de usuarios y sus herramientas.
No existe un precedente sólido en el derecho antimonopolio estadounidense que aborde exactamente esta situación. Por eso, cualquier decisión que adopte el Supremo —ya sea aceptando o rechazando revisar el caso— tendrá un peso simbólico y práctico muy elevado. Aunque el alto tribunal podría volver a declinar su intervención, como ya hizo en 2024, la dimensión que ha adquirido el conflicto y la relevancia económica de las comisiones digitales juegan a favor de que esta vez la petición reciba más atención.
La trascendencia se percibe especialmente en los modelos basados en suscripciones y compras dentro de aplicaciones (in-app). Un recorte relevante en las comisiones, o una prohibición de aplicar porcentajes tan altos sobre pagos externos, podría mejorar de forma notable la rentabilidad por usuario para miles de apps, desde servicios de streaming hasta plataformas educativas, pasando por herramientas de productividad o aplicaciones financieras.
La discusión se cruza además con el auge de la IA generativa y los chatbots. Cada vez más transacciones se originan en asistentes conversacionales o agentes de IA integrados dentro de apps de terceros. La gran incógnita es quién debe cobrar qué cuando la experiencia de compra sucede a caballo entre varias plataformas: la app, el proveedor de IA, la tienda desde la que se descargó la aplicación y, en algunos casos, el sistema operativo.
En este contexto, el enfrentamiento entre Apple y Epic se ha convertido en una especie de laboratorio jurídico y económico. Lo que se decida aquí puede terminar utilizándose como referencia para futuros conflictos que involucren a otros gigantes tecnológicos y a servicios que todavía hoy están en fase de despegue.
El movimiento de Google y la presión competitiva
Mientras Apple trata de defender su comisión del 27%, Google ha optado por una estrategia distinta para cerrar su propia disputa con Epic Games. La compañía del buscador alcanzó recientemente un acuerdo que incluyó una reducción de la comisión de la Play Store hasta el 20% en determinadas condiciones, enviando un mensaje claro al mercado sobre hasta dónde está dispuesta a ceder.
Este paso fue interpretado en el sector como una señal de que el modelo histórico del 30% como estándar empieza a resquebrajarse bajo la presión judicial y regulatoria. Aunque el ecosistema de Android funciona de manera distinta —con posibilidad de instalar apps fuera de la Play Store y mayor diversidad de tiendas—, el gesto de Google marca un punto de referencia que abogados y reguladores no van a perder de vista.
En la práctica, la reducción al 20% pone sobre la mesa un argumento sencillo para los desarrolladores: si una gran plataforma puede operar con un margen inferior sin desmoronarse, la justificación económica de comisiones cercanas al 30% se debilita. Y esto es algo que también pueden usar reguladores de mercado de diferentes regiones a la hora de evaluar si las tarifas actuales son razonables.
Para Apple, el acuerdo de Google con Epic añade una capa adicional de presión competitiva. Aunque la compañía sostiene que su ecosistema ofrece un valor añadido en seguridad, control de calidad y experiencia de usuario, la comparación con un rival directo que ya ha movido ficha complica el relato de que las comisiones altas son imprescindibles para sostener el modelo.
Europa, España y el efecto del DMA en las comisiones
En el caso europeo, la discusión sobre las comisiones no se está librando solo en los tribunales, sino también en el terreno regulatorio. Con la Ley de Mercados Digitales en vigor, la Comisión Europea ha empezado a exigir a Apple cambios estructurales en la forma en la que gestiona la distribución de aplicaciones en la Unión Europea, incluyendo España.
La DMA obliga a los llamados «guardianes de acceso» —como Apple— a permitir tiendas de aplicaciones de terceros y a reducir barreras para que los desarrolladores puedan ofrecer sus servicios sin depender exclusivamente de la App Store. Esto abre la puerta a que, en el ámbito europeo, haya más competencia no solo en términos de catálogo, sino también en comisiones y condiciones comerciales.
En mercados como el español, donde una parte creciente del consumo digital pasa por aplicaciones móviles —desde banca hasta ocio o educación—, la forma en la que Apple aplique estas exigencias comunitarias puede afectar directamente al precio final de las suscripciones y compras in-app que pagan los usuarios.
A pesar de que la DMA y el caso Epic en Estados Unidos son procesos distintos, existe una retroalimentación evidente. Las decisiones que adopte Bruselas refuerzan los argumentos de quienes, en Estados Unidos, piden límites más estrictos a las comisiones de las grandes plataformas, y viceversa. Apple trata de moverse en ese equilibrio, ajustando sus políticas en Europa para cumplir la ley mientras defiende su margen de maniobra al otro lado del Atlántico.
Para los reguladores de América Latina y otras regiones, el caso se sigue con atención. Aunque no exista una norma equivalente a la DMA, el desenlace del conflicto Apple-Epic y las sanciones impuestas en Europa servirán como guía a la hora de plantear futuras reformas en los mercados digitales, donde la App Store sigue siendo una puerta de entrada clave.
Qué implica todo esto para founders y desarrolladores de apps
Más allá de las grandes cifras y de los nombres propios, el caso Apple vs Epic afecta de manera directa a startups, pymes tecnológicas y desarrolladores independientes que dependen de la distribución móvil para llegar a sus clientes. La discusión sobre el 27% no es teórica: se traduce en puntos de margen que pueden marcar la diferencia entre un proyecto viable y uno que no lo es.
En primer lugar, está el impacto sobre los márgenes por transacción. Si los tribunales estadounidenses terminan limitando la capacidad de Apple para cobrar comisiones, los desarrolladores podrían negociar o acceder a estructuras más competitivas, especialmente en modelos donde cada punto porcentual cuenta, como las suscripciones de bajo precio o los micropagos. Un análisis reciente apunta a que los usuarios ganarían la batalla antimonopolio si las comisiones se reducen.
Las apps basadas en suscripción —muy habituales en España en segmentos como el contenido audiovisual, la formación online o las herramientas de productividad— son particularmente sensibles. Una rebaja significativa en las comisiones puede mejorar la rentabilidad unitaria desde el primer mes, permitir inversión adicional en marketing o incluso trasladar parte del ahorro al usuario en forma de precios más ajustados.
Por otro lado, la disputa está redefiniendo el poder de negociación entre plataformas y desarrolladores. Aunque todavía no haya un fallo definitivo del Supremo, el simple hecho de que los tribunales hayan considerado «prohibitivas» comisiones como el 27% da a los estudios y compañías emergentes más argumentos para cuestionar ciertas cláusulas contractuales.
En un entorno en el que los servicios basados en IA y chatbots crecen a buen ritmo, la claridad sobre quién puede cobrar y cuánto resulta clave para diseñar modelos de negocio sostenibles. Muchos proyectos en fase inicial ya están incorporando en sus planes financieros distintos escenarios regulatorios, contemplando tanto la permanencia de las comisiones actuales como un posible descenso forzado por resoluciones judiciales o nuevas leyes.
El resultado es que cualquier founder que trabaje sobre iOS, ya sea en España, en el resto de Europa o en América Latina, tiene hoy un incentivo claro para seguir de cerca este caso. Entender el contexto legal y las tendencias regulatorias se ha convertido en una parte más de la planificación estratégica, al mismo nivel que el desarrollo de producto o la adquisición de usuarios.
La nueva ofensiva de Apple ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos marca un punto delicado en esta larga contienda con Epic Games. La discusión sobre si una comisión del 27% en pagos externos es compatible con la obligación de abrir el ecosistema no solo afecta a dos gigantes del sector, sino que pone en juego el equilibrio entre poder de plataforma, libertad de los desarrolladores y protección del usuario. Lo que se decida en los próximos meses, tanto en Washington como en Bruselas, puede terminar abriendo un escenario de comisiones más ajustadas y opciones de pago más flexibles, o consolidar —al menos por un tiempo— el modelo actual que tantos recelos suscita en buena parte de la industria digital.
