El uso de apps y redes sociales forma parte del día a día de niños, adolescentes y adultos, pero no siempre está claro qué edad mínima se exige para utilizar cada servicio ni qué leyes hay detrás. Además, los requisitos de edad no solo dependen de las normas internas de cada plataforma, sino también de la legislación de cada país y de los sistemas de clasificación de contenido que aplican Google Play, Apple, organismos públicos y entidades internacionales.
Si desarrollas una aplicación, gestionas un servicio online o eres madre, padre o tutor, te interesa entender bien cómo funciona todo esto. Desde las clasificaciones por edades de las tiendas de apps hasta los sistemas de verificación de edad y las herramientas de control parental, hay un entramado técnico y legal que condiciona qué puede hacer un menor con el móvil, qué datos se pueden tratar y qué responsabilidades asumen las empresas.
Clasificación de contenido y requisitos de edad en aplicaciones móviles
En las tiendas de aplicaciones como Google Play o el App Store, cada app debe mostrar una clasificación por edades, pero esa etiqueta no se pone al azar: se basa en cuestionarios, normativas locales y autoridades de clasificación externas. El objetivo de estos sistemas es orientar a familias y usuarios sobre si un juego o app es adecuado para una franja de edad concreta y, además, permitir bloqueos o filtros legales en determinados territorios.
En Google Play, por ejemplo, los desarrolladores tienen que completar un cuestionario de clasificación de contenido desde Play Console para cada app o juego, tanto nuevos como ya publicados. En ese formulario describen con precisión el tipo de contenido que incluye la app (violencia, sexo, apuestas, lenguaje, etc.) y las respuestas se envían a distintas autoridades de clasificación de todo el mundo, que aplican su propia metodología para fijar la edad recomendada.
La información que se aporta en ese cuestionario es crítica: una descripción inexacta, incompleta o engañosa puede terminar en una clasificación errónea, en la revisión de la autoridad o incluso en la suspensión o retirada de la app. Si el desarrollador discrepa con la clasificación resultante, suele poder repetir el cuestionario o recurrir directamente ante la entidad de clasificación correspondiente, usando los enlaces proporcionados en el certificado que se envía por correo electrónico.
Estas clasificaciones tienen varios fines adicionales. Por un lado, permiten bloquear o filtrar contenido en determinadas regiones cuando la ley así lo exige (por ejemplo, para impedir el acceso a apps “solo adultos” en ciertos países). Por otro, sirven a Google y a otros actores para determinar si una app puede participar en programas especiales, colecciones para familias o espacios destacados para menores.
En territorios como el Espacio Económico Europeo, Reino Unido, Suiza, Singapur, Australia o Brasil, la clasificación de contenido se utiliza también para restringir a los usuarios considerados menores la compra de apps o juegos para adultos (por ejemplo, +18) y para ocultarles determinados resultados de búsqueda o secciones de navegación, salvo que accedan mediante un enlace directo.
Sistema de cuestionarios de Google Play y relación con el público objetivo
El proceso de clasificación de contenido en Google Play empieza siempre en la consola del desarrollador. Desde el apartado “Política > Contenido de la app” se accede al cuestionario, donde se valida un correo de contacto, se selecciona la categoría de la app y se responde a una batería de preguntas sobre el tipo de contenidos y funciones incluidas.
A medida que se completan las secciones, Play Console muestra clasificaciones calculadas provisionales en una página de resumen. El desarrollador puede editar respuestas, guardar borradores (solo se permite un borrador por app) y enviar el conjunto cuando esté conforme. Una vez enviado, las autoridades de clasificación que participan en el sistema IARC (International Age Rating Coalition) procesan las respuestas y devuelven las calificaciones oficiales para cada región.
Es importante tener claro que una misma app puede tener diferentes clasificaciones según el país o territorio, porque cada organismo aplica criterios propios, incluso dentro del marco IARC. Además, la calificación que se ve en el panel de resumen de Play Console puede no coincidir exactamente con la que finalmente se muestra al usuario en Google Play, ya que pueden intervenir revisiones manuales, ajustes por normativa local o decisiones posteriores de las autoridades.
Junto al cuestionario de contenido, Google Play exige declarar de forma explícita el público objetivo y el grupo de edad al que se dirige la app. Si entre ese público hay menores o niños, la app pasa a estar sujeta a las políticas de “Familias” de Google Play, que son más estrictas en temas como publicidad, recopilación de datos, funcionalidades de comunidad o contenido generado por usuarios.
Antes de completar ese apartado, el desarrollador debe indicar si su app muestra anuncios, cómo se accede a ella y debe facilitar una política de privacidad clara y accesible. A partir de esas declaraciones, Google puede aplicar políticas adicionales para proteger a los menores, exigir controles parentales específicos o incluso rechazar actualizaciones si detecta un posible incumplimiento.
Publicidad y adecuación de anuncios a la edad del usuario
Un aspecto muchas veces olvidado es que no basta con que el contenido interno de la app encaje con la clasificación por edades: los anuncios mostrados dentro de la app también deben respetarla. Es decir, una app etiquetada como apta para menores no puede incluir banners o vídeos con contenido adulto, aunque ese contenido provenga de una red de anuncios externa.
Para minimizar problemas, se recomienda configurar bien los filtros de anuncios en el proveedor publicitario. Si se usa una plataforma como AdMob, existen controles de bloqueo y ajustes de clasificación para los anuncios que permiten limitar qué campañas pueden aparecer en determinadas apps o segmentos de usuarios. La idea es que ni el contenido promocionado ni las creatividades incluyan temas que contradigan la edad objetivo de la app.
En la práctica, esto implica que el desarrollador debe coordinarse con su proveedor de publicidad para asegurarse de que solo se sirven campañas compatibles con la clasificación de la aplicación. Google tiene además una política específica sobre “Anuncios inapropiados”, donde se detallan ejemplos de banners o interstitials que entrarían en conflicto con las categorías de edad de las apps.
Si se detecta que una app dirigida a menores muestra anuncios no acordes a su clasificación (por ejemplo, juegos de apuestas, contenido sexualizado o servicios para adultos), la tienda puede tomar medidas que van desde la retirada de anuncios hasta la suspensión de la app. Por eso, revisar periódicamente qué anuncios se están mostrando resulta casi tan importante como la propia moderación del contenido interno.
Principales sistemas de clasificación por edades en el mundo
El ecosistema IARC integra a varias autoridades de clasificación de distintas regiones, cada una con su propio esquema de edades y descriptores. Cuando un desarrollador rellena el cuestionario de Google Play, las respuestas se transforman en valoraciones automáticas compatibles con cada organismo, de manera que una única evaluación sirve para muchos mercados.
En el ámbito de América, la entidad más conocida es la ESRB (Entertainment Software Rating Board). Su sistema se basa en categorías como “Everyone”, “Everyone 10+”, “Teen”, “Mature 17+” y “Adults Only 18+”, que combinan la edad mínima sugerida con descriptores de contenido (violencia, lenguaje fuerte, apuestas, etc.). Esta clasificación se aplica en Estados Unidos, Canadá y buena parte de América Latina y el Caribe listada por la propia ESRB.
En Europa y gran parte de Oriente Medio, la referencia es PEGI (Pan European Game Information). PEGI utiliza tramos de edad 3, 7, 12, 16 y 18, además del icono de “orientación parental” para apps que actúan como portales de contenidos (por ejemplo, plataformas de streaming donde el contenido varía y no puede preclasificarse). Cada etiqueta se acompaña de símbolos que advierten de violencia, miedo, lenguaje soez, apuestas, drogas, sexo, discriminación, etc.
En Alemania existe un sistema propio gestionado por la USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). USK establece rangos como sin restricción de edad, 6+, 12+, 16+ y 18+, con descripciones detalladas de lo que implica cada franja en términos de violencia, lenguaje, contenido sexual o tensión emocional. Este organismo tiene fama de ser especialmente minucioso, y su clasificación es legalmente vinculante en el mercado alemán.
Australia aplica las categorías del Australian Classification Board (ACB) para juegos: G (General), PG (Parental Guidance), M (Mature), MA 15+ y R 18+, con distintos niveles de impacto del contenido (muy leve, leve, moderado, fuerte o alto) y requisitos de comprobación de edad para alquilar o comprar productos clasificados como restringidos.
Brasil cuenta con ClassInd, la Classificação Indicativa nacional, que va desde “Apto para todo público” hasta “18+”, pasando por tramos 10, 12, 14 y 16 años. En cada nivel se detalla si se permiten insultos, escenas de miedo, referencias a drogas, violencia, desnudez o contenido sexual, incluyendo matices sobre el impacto (leve, moderado o alto) y la presencia de sangre, mutilaciones o situaciones eróticas.
En Corea del Sur, los juegos se clasifican mediante el organismo GRAC (Game Rating and Administration Committee), que usa rangos “Todos”, 12+, 15+ y 19+ para títulos interactivos. Sin embargo, las apps que no son juegos no pasan por GRAC en Google Play, sino que se rigen por un sistema específico de clasificación propio de la tienda, con etiquetas también por edades (3+, 7+, 12+, 16+ y 19+).
Finalmente, para los países no cubiertos por una autoridad nacional concreta, la IARC aplica su propio esquema genérico: 3+, 7+, 12+, 16+ y 18+, con criterios muy similares a los de PEGI, teniendo en cuenta violencia, desnudos, lenguaje, representación de actividades delictivas o uso de drogas. Este sistema permite ofrecer a los usuarios de casi cualquier región una referencia de edad coherente aunque no exista un regulador local específico.
Clasificación rechazada y retirada de apps en territorios concretos
Hay casos en los que una autoridad de clasificación decide que una app no puede ser distribuida legalmente en su territorio y marca el título como “clasificación rechazada”. Esto no es frecuente, pero puede ocurrir en productos con contenido extremo, que inciten a actividades ilegales o que vulneren normativas locales sensibles (por ejemplo, sobre pornografía, apuestas o discursos de odio).
Cuando se produce un rechazo de este tipo, la IARC notifica por correo electrónico al desarrollador, y en la Play Console aparece la leyenda de “Clasificación rechazada” en lugar de la calificación habitual. Google Play, en ese caso, solo retira la app o juego del territorio afectado, pero puede seguir estando disponible en otros países donde la clasificación siga siendo válida.
El desarrollador tiene la opción de presentar un recurso ante la autoridad que ha rechazado la app, utilizando la URL de apelación incluida en el correo de notificación. En algunos supuestos, una revisión de contenido (cambio o eliminación de ciertas funciones, ajuste de descriptores, etc.) seguida de un nuevo cuestionario puede desembocar en una calificación aceptable para ese mercado.
Conviene recordar que los iconos y marcas de todas estas clasificaciones están protegidos legalmente, por lo que usarlos de forma inadecuada o sin autorización puede acarrear acciones legales. Lo recomendable es seguir siempre las guías de uso que publica cada entidad en su propio sitio web, tanto en apps como en campañas de marketing.
Edad mínima y consentimiento de menores en España
Más allá de la clasificación de contenido, en España hay que tener muy presente a qué edad puede un menor prestar consentimiento válido para el tratamiento de sus datos personales y qué límites se aplican para el acceso a servicios online como redes sociales, mensajería o plataformas de vídeo.
La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) fija en 14 años la edad a partir de la cual un menor puede consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos, sin necesidad de autorización de padres o tutores, salvo que una norma específica exija lo contrario. Esto conecta directamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obliga a hacer “esfuerzos razonables” para verificar que el consentimiento de un menor de esa edad ha sido efectivamente otorgado por quien ostenta la patria potestad.
En consecuencia, para menores de 14 años, el consentimiento debe otorgarse por los padres o tutores legales. La responsabilidad recae sobre el responsable del tratamiento (la empresa o plataforma) de comprobar, con los medios tecnológicos razonables a su alcance, que quien acepta las condiciones y la política de privacidad es realmente un adulto con autoridad sobre ese menor.
Entre los 14 y los 18 años, los adolescentes pueden consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos personales, aunque determinadas actividades o servicios pueden seguir exigiendo la intervención de sus progenitores según otras leyes sectoriales. Además, la normativa reconoce el derecho del menor a solicitar la eliminación de datos que haya aportado a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información durante su minoría de edad.
Este marco legal tiene efectos directos sobre la edad mínima de acceso a servicios concretos, sobre todo en redes sociales y plataformas con contenido potencialmente sensible, que deben adaptar sus términos de uso para respetar tanto la normativa nacional como la europea en materia de protección de datos y protección de menores.
Edades mínimas en las principales redes sociales y plataformas
Cada plataforma fija en sus términos de servicio una edad mínima para registrarse o usar sus apps, que suele combinar la referencia global (a menudo 13 años) con ajustes locales cuando la ley exige un umbral superior, como ocurre en España con los 14 años de la LOPDGDD.
En X (antigua Twitter), se exige que las personas usuarias en España sean mayores de 13 años. La propia plataforma contempla un mecanismo para restaurar cuentas de quienes se registraron antes de esa edad pero ya la han cumplido, lo que implica borrar gran parte del contenido asociado (tuits, likes, mensajes directos, listas o momentos) antes de reactivar el perfil.
Facebook establece una edad mínima en España de 14 años, alineándose con la normativa de protección de datos española. Instagram, también propiedad de Meta, exige igualmente al menos 14 años para crear una cuenta en España, y ha introducido mecanismos adicionales para gestionar mejor la experiencia de los adolescentes, como las llamadas “cuentas de adolescente” con configuración privada por defecto y limitaciones en la segmentación publicitaria.
TikTok, muy popular entre menores, fija en sus condiciones para España una edad mínima de 13 años para poder utilizar la app. Además, aplica restricciones adicionales por tramos: para enviar y recibir mensajes directos, emitir directos o permitir descargas de vídeos y funciones como Dúo o Pegar se requiere tener al menos 16 años, reforzando la protección de los usuarios más jóvenes.
Twitch solo está disponible para mayores de 13 años en España, pero obliga a que quienes tengan entre 13 años y la mayoría de edad en su jurisdicción usen el servicio bajo la supervisión de uno de sus progenitores o tutor legal. Es decir, el acceso es posible, pero condicionado a la aceptación de los términos por parte de un adulto responsable dentro del hogar.
Discord, que combina chat de texto, voz y comunidades, establece una edad mínima de 13 años para muchos países, pero España figura expresamente con un umbral de 14 años. Además, los usuarios de 13 a 17 años no pueden acceder a canales marcados como contenido restringido por edad (18+), aprovechando la información de edad para filtrar ciertos espacios y contenidos.
YouTube permite el uso directo del servicio en España a mayores de 14 años, mientras que los menores de cualquier edad pueden usar YouTube o YouTube Kids si un progenitor o tutor ha habilitado la cuenta adecuadamente. El adulto que autoriza el acceso acepta expresamente las condiciones y asume la responsabilidad sobre la actividad del menor en la plataforma, pudiendo apoyarse en herramientas como Family Link para supervisar y limitar usos.
Tumblr, tradicionalmente permisivo con contenido variado y en ocasiones sensible, fija una edad mínima general de 13 años, pero eleva el requisito a 16 años para usuarios de la Unión Europea y Reino Unido, con la posibilidad de exigir 18 años para ciertas funcionalidades. Pinterest, por su parte, marca de base los 13 años, pero remite a la edad legal de consentimiento de cada país (en la UE entre 13 y 16 años), lo que en la práctica implica que en España el umbral efectivo sea 14 cuando el tratamiento de datos personales del menor es relevante.
En el terreno de la mensajería, WhatsApp exige al menos 13 años o la edad mínima establecida en el país o territorio para poder usar sus servicios. En Europa, ese mínimo ha pasado recientemente de 16 a 13 años, manteniendo la recomendación de que, si la persona es menor de 18 años, un adulto revise las condiciones con ella. Telegram, en cambio, fija la edad mínima en 16 años para usar su aplicación, mientras que Snapchat se queda en 13 años, con la advertencia de que se eliminarán las cuentas detectadas por debajo de esa edad o por debajo de la edad mínima nacional aplicable.
LinkedIn, al estar orientada al mundo profesional, establece en España un mínimo de 16 años para poder usar la plataforma. Y en el extremo más restrictivo, OnlyFans exige 18 años para crear una cuenta, acompañando ese requisito de un sistema de verificación de identidad que incluye enviar una foto del documento identificativo y una imagen del usuario sosteniéndolo, precisamente para reducir el riesgo de presencia de menores en la plataforma.
Legislación española sobre verificación de edad en servicios digitales
En España, la verificación de edad en aplicaciones y servicios en línea no es un simple formalismo: existen obligaciones legales claras derivadas de varias normas que buscan proteger a los menores, especialmente frente a contenidos para adultos o servicios de riesgo (pornografía, apuestas, drogas, alcohol, etc.).
La LOPDGDD, como trasposición del RGPD, obliga a las plataformas a implementar mecanismos eficaces de verificación de edad cuando tratan datos de menores o les exponen a contenidos sensibles. No basta con una casilla de “confirmo que tengo más de X años” si el servicio entraña riesgos relevantes. Además, el RGPD trata los datos biométricos como categorías especiales, por lo que su uso en sistemas de verificación (por ejemplo, reconocimiento facial) requiere un plus de garantías, minimización de datos y transparencia.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) también incide en la obligación de establecer sistemas de control de acceso en servicios o contenidos restringidos por ley o por protección infantil. Esto abarca desde plataformas de vídeo hasta webs de apuestas, y puede conllevar sanciones administrativas si no se implantan mecanismos adecuados de filtrado y comprobación de edad.
Además, el Código Civil y el Código Penal contienen preceptos que refuerzan la idea de proteger a los menores frente a la exposición a contenidos claramente inadecuados, como pornografía o materiales que incitan al consumo de drogas o a la violencia. En situaciones graves, una deficiente verificación de edad que permita a menores acceder de forma masiva a estos contenidos podría derivar en responsabilidades penales para los responsables del servicio.
Desde el punto de vista técnico, las auditorías de sistemas de verificación de edad se centran en analizar la exactitud de los algoritmos, su resistencia frente a intentos de engaño (uso de datos falsos, suplantaciones, manipulación de imagen, etc.) y la proporcionalidad en el tratamiento de datos personales, especialmente cuando entran en juego datos biométricos. También se realizan pruebas de campo para comprobar que el sistema funciona de forma fiable en diferentes dispositivos, condiciones de luz o calidades de cámara.
Propuesta de la AEPD: verificación de edad anónima
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha planteado una propuesta práctica para verificar la edad de los usuarios sin revelar su identidad a las webs o servicios de contenido adulto. La clave está en tratar el atributo “mayor de edad” o “persona autorizada a acceder” en el propio dispositivo del usuario, evitando que terceros conozcan quién es exactamente y si es menor.
Esta propuesta se articula en torno a un Decálogo de principios que definen las condiciones mínimas que deben cumplir los sistemas de verificación de edad: protección del interés superior del menor, garantía del anonimato de los adultos, minimización de datos, imposibilidad de localizar a un menor a través de internet y coherencia con normativas europeas como eIDAS2 y la futura cartera digital europea.
Para demostrar que es viable, la AEPD ha desarrollado varias pruebas de concepto técnicas. En una de ellas, el acceso a contenidos desde un ordenador o consola se filtra mediante una app de verificación instalada en el dispositivo, que solo muestra el contenido si el usuario acredita localmente su condición de persona autorizada mediante un código QR vinculado a su identidad oficial (por ejemplo, un desarrollo de la FNMT).
En otro escenario, se utiliza un teléfono Android con una app de verificación de edad conectada a una cartera digital (eWallet) compatible con eIDAS2. Los atributos de identidad (incluida la edad) se almacenan bajo el control del usuario, y la app de verificación consulta únicamente lo necesario para comprobar si se alcanza la edad requerida para el contenido adulto, sin enviar datos adicionales al proveedor del contenido.
Una tercera prueba se desarrolla en iOS y combina una app de verificación con otra que lee datos de documentos oficiales como el DNI o el pasaporte, validando que la persona que sostiene el documento es su titular mediante biometría o firma digital. El procesamiento se realiza en el propio dispositivo y el proveedor de contenidos solo recibe la confirmación de que el usuario cumple el requisito de edad, sin conocer su identidad completa.
Estas pruebas no pretenden ser la única solución posible, pero sí dejar claro que es técnicamente factible proteger a los menores de contenidos adultos sin montar enormes bases de datos de identidades. A partir de este Decálogo, la AEPD y otros reguladores podrán exigir que los proveedores de contenidos para adultos, webs de apuestas o incluso redes sociales que verifiquen la edad adopten sistemas igual de garantistas.
Riesgos actuales y sanciones por incumplir los requisitos de edad
Los métodos de verificación de edad que se usan hoy en día en internet presentan problemas bastante evidentes: autodeclaraciones sin comprobación, compartir credenciales con terceros, intermediarios que acumulan demasiados datos, o proveedores de contenido estimando la edad a ojo. Todo esto abre la puerta a localizar a menores, perfilar a usuarios y recolectar datos innecesarios a gran escala.
Desde la óptica del RGPD y la LOPDGDD, el incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de menores y verificación de edad puede acarrear multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global, según el artículo 83 del RGPD. Esto incluye casos como no verificar correctamente la edad, tratar datos de menores sin autorización válida o exponer indebidamente datos biométricos utilizados para ese fin.
Si el fallo de verificación da lugar al acceso masivo de menores a pornografía, apuestas u otros contenidos gravemente perjudiciales, además de las sanciones administrativas pueden activarse responsabilidades penales en virtud del Código Penal español. En este terreno, los tribunales valoran tanto la negligencia técnica como el grado de exposición y daño potencial.
La Ley General de Comunicación Audiovisual añade otra capa: obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad para los contenidos más nocivos, como violencia gratuita o pornografía, y encarga a la CNMC la evaluación de la idoneidad de esos sistemas, con informe preceptivo de la AEPD conforme al Decálogo de principios.
Todo ello se produce en un contexto preocupante: según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales cometidas por menores han aumentado más de un 100 % en pocos años, y diversos estudios, como los de Save the Children, apuntan al acceso precoz a pornografía violenta como uno de los factores de riesgo. De ahí la insistencia de reguladores y expertos en reforzar la verificación de edad sin perder de vista los derechos fundamentales.
Herramientas de control parental y buenas prácticas en casa
En paralelo a la regulación y a los sistemas técnicos de verificación, las familias tienen a su alcance herramientas de control parental y ajustes de privacidad en los propios dispositivos, que permiten limitar qué contenidos pueden ver los menores, qué apps pueden instalar y qué datos comparte el móvil.
Una recomendación básica es activar los controles parentales del sistema operativo (iOS o Android) y de las tiendas de aplicaciones. Aunque ningún sistema es infalible, ayudan a filtrar apps y contenidos por edades, restringir compras, limitar el tiempo de uso y revisar la actividad. No sustituyen a la educación digital, pero sirven de apoyo cuando un niño o adolescente recibe su primer smartphone o tableta.
También conviene revisar con calma los permisos de cada app: ubicación, acceso a contactos, cámara, micrófono, historial de llamadas, etc.. En muchos casos se pueden desactivar permisos no necesarios o reducir la precisión (por ejemplo, compartiendo una localización aproximada en lugar de la posición exacta). Además, tanto iOS como Android permiten limitar el acceso a esos datos solo mientras la app está en uso.
En el terreno publicitario, se pueden desactivar o limitar los identificadores de anuncios del dispositivo, de modo que no se compartan identificadores únicos con todas las apps para fines de publicidad segmentada. Esto suele traducirse en anuncios menos personalizados, pero incrementa la protección de la privacidad, especialmente relevante cuando hay menores usando el dispositivo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de un 70 % de los menores de 10 a 15 años ya utiliza teléfono móvil, pero solo una parte de las familias hace uso de herramientas de control parental para filtrar o bloquear contenidos. Los expertos en bienestar digital insisten en que la clave está en combinar estos controles con una educación continua sobre riesgos, privacidad, convivencia en redes y gestión del tiempo de pantalla.
Apple y la gestión de cuentas infantiles y adolescentes
Apple ha ido reforzando sus herramientas para que las familias puedan gestionar mejor las cuentas de menores, configurar experiencias adecuadas por edad y limitar el acceso a ciertos contenidos o funciones. Muchas de estas opciones se basan en el ecosistema “En Familia”, Tiempo de Uso y clasificaciones por edades del App Store.
Las cuentas infantiles, asociadas a la ID de Apple de un progenitor o tutor dentro de un grupo familiar, son obligatorias para menores de 14 años (según la zona) y permiten activar desde el principio filtros de contenido, restricciones de apps y otros ajustes de seguridad. Apple ha simplificado el proceso de alta y garantiza que, aunque la configuración se complete más tarde, los ajustes predeterminados para menores ya están activos en el dispositivo.
Una novedad interesante es la posibilidad de compartir con las apps solo el rango de edad del menor, en lugar de su fecha de nacimiento exacta. A través de la API Declared Age Range, los desarrolladores pueden recibir información suficiente para adaptar la experiencia (por ejemplo, a los tramos 14+, 16+, 18+) sin acceder a datos más sensibles. Los padres controlan si se comparte siempre, nunca o solo cuando una app lo solicita, y los menores no pueden cambiar estos ajustes por defecto.
Las cuentas de adolescentes de 14 a 17 años también se benefician de filtros de contenido en internet y funciones como Seguridad en las Comunicaciones desde el primer momento, independientemente de si se configuran como cuentas infantiles o estándar. Estas protecciones se integran con las nuevas categorías de edad ampliadas del App Store, que pasará a mostrar etiquetas como 14+, 16+ y 18+ para ofrecer una graduación más precisa.
Además, Apple extiende la función Límites de Comunicación para que los padres puedan decidir con quién pueden contactar sus hijos en Teléfono, FaceTime, Mensajes y contactos de iCloud. Los menores pueden enviar solicitudes para comunicarse con nuevos contactos, que los padres aprueban o rechazan, y un nuevo entorno llamado PermissionKit permite que apps de terceros (chats, redes, juegos) integren solicitudes similares para seguir a otros usuarios o añadirlos como amigos.
Estas novedades se suman a herramientas ya disponibles como las clasificaciones por edades y restricciones de contenido, la función “Solicitar la compra”, la app Buscar, Seguridad en las Comunicaciones para detectar desnudos en fotos y vídeos, la sección Niños del App Store, las limitaciones de Apple Ads para menores, la prohibición de rastreo publicitario en cuentas infantiles y los controles de acceso a datos sensibles como la ubicación.
Control parental en Google Play y gestión de descargas
En dispositivos Android, Google Play incluye un sistema de controles parentales que permite filtrar qué apps, juegos y películas se pueden descargar o ver según la edad seleccionada. Su configuración es relativamente sencilla y se realiza desde la propia app de la tienda.
Para activarlo, hay que abrir Google Play Store, tocar el icono de perfil en la esquina superior derecha y acceder al apartado de ajustes. Dentro de la sección “Familia” aparece la opción de “Controles parentales”. Al activarla, se solicita la creación de un PIN de contenido que solo conocerá la persona adulta responsable, necesario para cambiar de nuevo la configuración.
Después se pueden establecer límites específicos para “Aplicaciones y juegos” y para “Películas”, seleccionando el rango de edad máximo permitido en cada categoría. Una vez guardados los cambios, las apps o películas por encima de ese umbral no podrán descargarse sin introducir el PIN, y en muchos casos ni siquiera aparecerán destacadas en las secciones principales de la tienda.
Este sistema se complementa con otras herramientas de Google, como Family Link, que permite crear cuentas supervisadas para menores, establecer límites de tiempo, aprovar o denegar la instalación de apps y ver informes de actividad. Aunque depender solo de bloqueos no es suficiente, sí ayuda a que el móvil de un niño no se convierta en una puerta abierta a cualquier tipo de contenido.
Cuando se combina el uso de estos controles con una educación digital activa en casa, los padres pueden supervisar mejor qué descargan y consumen sus hijos, decidir qué redes o apps considerarán adecuadas para cada edad y limitar la exposición a contenidos para adultos o a servicios que supongan un riesgo elevado.
Todo este entramado de clasificaciones por edades, leyes de protección de datos, sistemas de verificación y controles parentales está pensado para que las aplicaciones móviles y servicios online sean más seguros para los menores, al tiempo que se respetan los derechos de los adultos a la privacidad y a acceder libremente a contenidos legales; entender cómo encajan estas piezas ayuda tanto a desarrolladores como a familias a tomar decisiones más responsables sobre qué ofrecer, qué permitir y cómo acompañar a niños y adolescentes en su vida digital.
